La corrupción, el ruido y los hechos

La corrupción es una fatalidad que nos persigue y que brinca como preocupación en el CIS de cinco en cinco puntos. Cuando surgió el caso Ábalos escaló del 4,9% al 12,4% en la tabla de problemas que conciernen a los españoles. Sin anestesia. El asunto es que según todos los indicadores, estadísticas y organismos en España hay más ruido sobre la corrupción que mucha corrupción propiamente dicho. No pregunten cuánto es poca o mucha corrupción. No hay respuestas convincentes sobre el nivel de corrupción que debe tolerar una sociedad. Es una pregunta imposible. La respuesta siempre es cero. La corrupción es un misil en el crecimiento económico de los países, impide la igualdad de oportunidades de las empresas, desequilibra el reparto de riqueza, incide en la opinión que emiten los mercados sobre solvencia de un país, quiebra la confianza de los ciudadanos en el sistema y extiende a su paso una capa viscosa de amoralidad, suciedad y desvergüenza. Y, por supuesto, le pone la alfombra roja a los populismos.

Cómo se combate

En las dictaduras la corrupción empieza por lo moral y continúa con lo material. En las democracias, afortunadamente, aflora. Al menos una parte. Así, un porcentaje de corrupción en torno a las administraciones públicas parece inevitable, que no tolerable. Pero es más importante centrarse en cómo se combate que morir de melancolía soñando con un mundo ideal de hombres probos e incorruptibles. Es más relevante tener la certeza de que los partidos, las administraciones y la justicia actúan con contundencia y equidad ante cualquier caso. Eso al menos sería reparador y una garantía para evitar que vuelva a ocurrir. El problema es que no tenemos esa certeza.

Pícaros, buscones, engrasadores

Es más relevante en nuestro país la corrupción política que una corrupción sistémica que realmente no existe, al igual que se acredita un bajísimo nivel de corrupción en los funcionarios públicos y que se detecta especialmente en el ámbito local.

Hemos visto demasiadas veces a epifenómenos como Aldama, Francisco Correa, el joven Nicolás o Álvaro Pérez, alias El Bigotes, corretear e infiltrarse en el corazón del poder con una habilidad digna de mejores causas, como para pensar que esto es algo episódico. El perfil se repite: pícaros con la mosca vacía colgando de la pernera y un amigo en las alturas, cooperador necesario del latrocinio. Conseguidores, intermediarios, comisionistas, buscones con un punto fanfarrón y otro taimado, expertos en moverse por el inframundo de las comisiones y la porquería. Algunos más finos, como González Amador, la pareja de Ayuso, se presentaba algo así como "comercializador de clientes" cuando iba a intermediar para vender mascarillas a la administración. Eso debe ser como técnico en papiroflexia. Insigne representante de esa caterva que supo olisquear la relajación de los controles en la administración debido al Covid-19. Pero a los más eficaces no los conoceremos nunca. Esos son los buenos de verdad, los que hacen sin decir. Los invisibles. Los que no acuden a bodas en El Escorial. Expertos en transas, chanchullos, engrases y coimas. Son muy eficaces y son muchos.

Juan Guerra, de todo hace ya 35 años

Son hombres para todo que surgen de la nada y con nada que temer porque como dijo Jesús Gil: de la cárcel se sale, de pobre no. Si no es robando, se supone que era el corolario del pensamiento populista-gilista, otro que pasó por la cárcel hasta tres veces.

El prototipo tempranero de pícaro fue Juan Guerra, aun en los ochenta, contratado como asistente de su hermano Alfonso, entonces vicepresidente del Gobierno, y que elevó al imaginario colectivo de la corrupción su despacho en la Delegación del Gobierno. Se suponía que utilizaba esta posición para influir a favor de supuestos pagadores, lo que se sustanció en las acusaciones de cohecho, prevaricación y fraude fiscal. Un millón de crónicas periodísticas, acusaciones y debates políticos condenatorios después y cobrada la pieza mayor (la dimisión de su hermano), por lo único que fue condenado fue a un año por fraude fiscal. 35 años después la idea de la corrupción persigue a Juan Guerra. Y 35 años después se ha acentuado la prevalencia de las percepciones sobre los hechos. Este desajuste entre la realidad y lo que se percibe como real es agitado y utilizado por los medios y los rivales políticos y más allá de su trascendencia real le hace un boquete muy real a la credibilidad y a las posibilidades electorales del afectado.

Para Felipe González la corrupción fue su kriptonita, especialmente desde que Aznar se echó la garrocha a la mano. Al Gobierno del propio Aznar lo investigaron por 23 contratos por un valor de 600 millones adjudicados por sus ministerios, aparentemente a cambio de donaciones de empresarios a la caja B del PP. Rajoy perdió el poder por la corrupción. Y Feijóo está empeñado en repetir la jugada con Sánchez.

El fútbol, siempre en fuera de juego

La corrupción no es sólo política. ¿Alguien puede explicar lo que ocurre en la Real Federación Española de Fútbol si no es por el sistema clientelar sólidamente instalado? Es la red de intereses creados la que ha permitido volver a rizar el rizo del desdoro.

Con el tufo que tienen muchas de las federaciones deportivas a corrupción lo que le faltaba a la de fútbol es cerrar la etapa de Luis Rubiales con otro presidente condenado por prevaricación, Rafael Louzán. La juez que instruye la causa por supuestas irregularidades en la federación durante la etapa de Rubiales considera que hay indicios racionales de que el ex presidente pudo invertir en Dominicana fondos bajo sospecha, además sumamos el caso del beso a Jenny Hermoso, el numerito testicular en el palco y otros asuntos turbios pendientes de aclarar. Lo siguió en la presidencia Pedro Rocha, también investigado e inhabilitado.

Ahora Louzán logró acceder con el apoyo de 90 sobre 138 asambleístas. No cabe mayor vergüenza y sonrojo. Desde los tiempos de Pablo Porta o Villar –quien también pasó por Soto del Real– la Federación de Fútbol es el envés de la proyección del propio deporte, un mundo siniestro, opaco, sospechoso y sucio, en el que los intereses creados mandan. Por lo visto da igual. No debe haber alguien sin tacha para ocupar esa posición. La turbidez es condición sine qua non para presidir el fútbol español. Y el mundo mirando.

Ábalos, la vergüenza

Ahora estamos en otro pico de corrupción o supuesta corrupción. Cada día nos sacude una nueva historia, con más o menos rigor, interés y proporcionalidad, se sigue alimentando el imaginario colectivo y engordando la idea del pozo de corrupción en el Gobierno. Se verá cómo acaba todo esto aunque dará igual dentro de cuatro años. Sin restarle ni un ápice a su derecho a presunción de inocencia, lo que no espanta es que se sigan nombrando ministros como Ábalos, ex secretario de organización del PSOE además, que permitió convertir su ministerio en la casa común de pillos y pájaros. Sólo con el uso y disfrute acreditado del piso para su pareja pagado por la trama, y aún a falta de confirmar otros posibles pagos, le ha abierto al Gobierno una vía de agua importante. Cesado y restituido más tarde sin que nadie lo haya explicado, y sin que alguna condena haya escrito aún la última línea de su epitafio político, Ábalos parece hoy el paradigma de unas prácticas corruptas y un comportamiento que nos avergüenza y corroe la vida pública.

BREVERÍAS

37,5 horas

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos han cerrado el acuerdo para reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas. CCOO y UGT están dentro y la CEOE sigue fuera. El ministro de Economía ha logrado una especie de moratoria de forma que el Departamento de Yolanda Díaz retrasará la medida al 1 de enero de 2026. Una ley de este tipo sin la patronal se convierte en un caballo de batalla, si bien es verdad que los empresarios tampoco han dado ni medio paso en la dirección del acuerdo. Si el Gobierno renunciara a impulsar leyes por la negativa de la CEOE sería regalarle el derecho de veto. Aprobar la ley sin los empresarios puede convertir su aplicación en un laberinto lleno de trampas.

La mayoría va resquebrajándose

El segundo problema es que al Gobierno no le salen las cuentas para aprobar. Junts es muy renuente. Y en general, el cinturón de apoyo parlamentario del Gobierno está deteriorándose a marchas forzadas: PP, Vox, Junts y PNV (los dos últimos, aliados imprescindibles esta legislatura) han enterrado, de momento, el impuesto a las eléctricas. Y Podemos –en proceso de respecto al valor de sus cuatro escaños– salvó in extremis la ley de eficiencia de la Justicia arrancándole al Gobierno la prórroga de un año para los desahucios a personas vulnerables y la de las ayudas al transporte público por seis meses. A este Gobierno todo el mundo lo ordeña. Es el precio de seguir. Cintura política o tragaderas, según se mire. Donde se ha plantado Sánchez es en la moción de confianza que exige Puigdemont y a la que no quiere someterse: si lo hiciera estaría políticamente muerto, un pelele en manos del estadista huido en Bruselas.

Pan, circo y juzgados

El comisionista y corruptor confeso Aldama declaró el lunes en la Audiencia Nacional. Volvió a acusar sin pruebas. Los contratos que dice amañados y por lo que supuestamente algunos ministros cobraron comisiones o no existen o los concedieron otros ministros, salvo alguno que está estudiándose y que a priori no parece presentar anormalidad alguna en el proceso de adjudicación. Para que no faltara nada en el desfile de gigantes y cabezudos, Aldama se bajó de un coche conducido por Daniel Esteve, el ultraderechista líder de Desokupa, la empresa dedicada a desalojos extrajudiciales.

Formando soldados ilegalmente

La Asociación de Tropa y Marinería (ATME), una organización profesional de militares, ha acordado precisamente con Desokupa la formación de sus 4.000 afiliados en cursos de seguridad así como descuentos del 50% para desalojos extrajudiciales de sus domicilios, que al parecer temen una crisis gordísima de okupaciones. Sigue ATME los pasos del SUP de la Policía Nacional, que firmó un acuerdo similar. Interior le abrió un expediente informativo para estudiar la retirada de la subvención pública al sindicato. El caso es que la organización de Esteve no tiene autorización oficial para impartir cursos de seguridad privada ni nada parecido. Es obvio que la organización del ultra y difusor de bulos goza de gran prestigio en ciertos ámbitos militares y policiales además de entre la ultraderecha. Un intranquilizador epifenómeno de este tiempo.

Cerco a las sardinas asadas

España concede la concesión de los chiringuitos de playa sin criterios "transparentes e imparciales", lo que representa una vulneración de la normativa comunitaria. Lo dice la Comisión Europea (CE), que ha abierto un expediente de infracción a nuestro país, ha impugnado la autorización de un tercio de los establecimientos de este tipo que concede la Junta de Andalucía por ocupación ilegal del litoral y le ha concedido dos meses a España para modificar las reglas. En caso contrario será denunciada ante la justicia europea. La CE no se detiene en los chiringuitos y cuestiona también otras concesiones en el dominio público costero, como piscifactorías.

Ojo con las multas nulas

Si le llega una multa de tráfico por exceso de velocidad y su vehículo ha sido captado por un radar móvil (portado por un vehículo) o estático (en un coche aparcado en la cuneta o en un trípode) tiene muchas opciones de ganar un recurso si junto a estos dispositivos no había un "operador cualificado", lo que viene siendo un policía, vigilando y controlando el funcionamiento de estos dispositivos. Hasta siete juzgados de Madrid, Badajoz y Las Palmas han anulado varias infracciones a conductores en esa circunstancia. Sin el policía al lado, la infracción se considera nula y, en consecuencia, ilegal.