La Audiencia Nacional abre una investigación contra el chiringuito financiero relacionado con Alvise Pérez

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido a trámite tres denuncias presentadas contra la plataforma de inversiones Madeira Invest, cuyo cabecilla, Alvaro Romillo, entregó 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez, por una supuesta estafa piramidal.

En un auto fechado este viernes, el magistrado admite las denuncias de la asociación de consumidores Ances, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas. La Fiscalía ya se había pronunciado a favor de investigar la operativa de Madeira Invest.

Calama, en cambio, desestima la solicitud de una de las acusaciones de inhibirse ante el Tribunal Supremo para investigar a Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez, porque según doctrina del Alto Tribunal se debe remitir una exposición razonada para investigar a un aforado cuando aparezcan indicios de responsabilidad.

En su auto, y tras analizar las denuncias, Calama ve con "meridiana claridad" hechos que pueden ser constitutivos de un delito de estafa; el perjuicio denunciado por las acusaciones ascendería a más de 11 millones de euros, importe que supera el mínimo -siete millones- fijado para que sea competencia de la Audiencia Nacional.

Se trata, indica el juez, de un entramado delictivo de múltiples sociedades instrumentales y conexiones internacionales, con domicilios en Portugal, Estados Unidos, República Dominicana, Estonia y Albania, cuya instrucción requerirá previsiblemente comisiones rogatorias internacionales.

La cifra de afectados podría superar los 27.000, y en cuanto al importe defraudado, si bien sólo constan de momento los once millones de euros citados, en total podría superar los 300.

Por lo que respecta a Alvise Pérez, Álvaro Morillo presentó ante la Fiscalía General del Estado una autodenuncia en la que admitía haber entregado al eurodiputado de Se Acabó La Fiesta (SALF) 100.000 euros para publicitar su plataforma.

Tras conocer estos hechos, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas amplió su denuncia inicial para solicitar que el juzgado se inhibiera en favor del Tribunal Supremo por su condición de eurodiputado y, por tanto, de aforado.

Pero Calama desestima la petición de inhibirse en favor del Tribuna Supremo al considerar que dicha petición no puede ser atendida sin formular la correspondiente exposición razonada en la que debería motivar las razones que le asisten para creer que es competente el alto tribunal.

No basta con la constatación "puramente nominal" de que un determinado hecho delictivo ha sido atribuido a un aforado, sino que "ha de ser lo suficientemente exhaustiva como para delimitar, con toda la provisionalidad que es propia de un momento procesal como el presente, el alcance objetivo y subjetivo de los hechos".

El fundador de Madeira Invest, Álvaro Morillo, conocido en redes sociales como CriptoSpain, se anunciaba como experto en elusión fiscal, y con este argumento convencer a cerca de 30.000 personas para que accedieran a su club privado de inversión, que ofrecía altísimos rendimientos, de más del 50 %, a través de inversiones en relojes, coches de lujo o inmuebles.

Para acceder al club era necesario hacer un ingreso inicial de 2.000 euros, que posteriormente sería recompensado con transferencias bancarias en criptomonedas.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya había advertido en mayo de 2023 sobre esta plataforma de inversión, que dejó de estar operativa hace pocas semanas.