La Junta rechaza prorrogar el 'impuestazo energético' y pide seguridad jurídica para evitar la fuga de inversiones

Andalucía/La Junta de Andalucía se posiciona en contra de prorrogar el impuesto a las empresas energéticas y pide al Gobierno de España que establezca un marco de seguridad jurídica que evite la fuga de inversiones de estas compañías, como el caso de Cepsa o Repsol.

Así lo ha asegurado el consejero de Industria, Jorge Paradela, en respuesta a la noticia de que Cepsa plantea paralizar su inversión en el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde ante la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez extienda el citado impuesto, inicialmente temporal, hasta convertirlo en permanente. "El empeño en mantener ese impuestazo, que surgía como algo temporal en un marco europeo, pone en riesgo una inversión de 3.000 millones de euros, 10.000 empleos y que supone más del 20% de lo que España se plantea como objetivo en el hidrógeno verde", ha señalado Paradela.

El consejero ha mostrado su rechazo a la iniciativa del Ejecutivo y aboga por constituir un marco estable para que las compañías mantengan su interés en apostar por España y, en este caso, Andalucía. "La inversión requiere moverse en un ámbito de seguridad jurídica y un marco regulatorio predecible, pero con decisiones de ese tipo en un ámbito de competencia global en el cual nos movemos en los desafíos climáticos y en la economía en general, lo que hace es desviar posibles inversiones de ese calado hacia otros países", ha manifestado.

Paradela ha destacado que proyectos como el de Cepsa son clave para Andalucía y acusa al Gobierno de mostrar una "voracidad fiscal" que, a su modo de ver, pone en riesgo los planes de lucha contra el cambio climático y la descarbonización.

El consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, ha agregado que es "preocupante la actitud del gobierno de Sánchez de destrozar la economía de manera permanente". "Reclamamos a la vicepresidenta de Hacienda la retirada inmediata de su propuesta de establecer un impuesto permanente a las energéticas, que significaría un daño irreparable y que para la economía y que pondría gravemente en peligro inversiones fundamentales para Andalucía", ha apuntado.

"Andalucía se juega, seguir liderando la transición energética y podemos perder una oportunidad histórica como palanca de reindustrialización que significa hoy el sector energético", ha comentado. "Se trata de proyectos principalmente de hidrógeno renovable, de biometano, de biocombustible, de energía eólica, fotovoltaica y de movilidad sostenible y por tanto creo que es una medida sin justificación, solo ideológica, que va contra la economía productiva y que no cuenta con el respaldo jurídico europeo, porque hasta el Fondo Monetario Internacional ha alertado de los efectos perniciosos que para la economía tendría esta iniciativa", ha sentenciado Sanz.

La consejera de Economía, Carolina España, también ha sido muy crítica con el 'impuestazo' y ha afeado que el Ejecutivo central, "en lugar de trabajar para que llegue la inversión, lo único que hace es generar incertidumbre y ahuyentar a las empresas".

"Desde Andalucía vamos a usar todos los instrumentos legales, institucionales y sociales que hacen falta para evitar que se permita bonificar el gravamen a unas comunidades sí y a otras no", ha asegurado para añadir que "todo" el trabajo del Gobierno andaluz para traer "riqueza, inversión y empleo se pierde ahora por culpa de un Gobierno que está más preocupado en su propia supervivencia que en resolver los problemas de los ciudadanos".