El Gobierno mantendrá los impuestos a banca y energéticas pese a la pérdida de apoyos

Madrid/El Gobierno mantiene su compromiso de convertir en permanentes los gravámenes sobre banca y energéticas a pesar de las crecientes presiones empresariales y de que no tiene garantizados los apoyos parlamentarios para hacerlo, ya que sus socios empujan en direcciones opuestas.

La conversión de estos gravámenes extraordinarios y temporales en impuestos permanentes es un compromiso tanto del acuerdo de Gobierno suscrito entre PSOE y Sumar como del plan fiscal remitido a Bruselas la pasada semana, ha recordado este miércoles el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista con EFE.

Sin embargo, en los últimos días la adopción de esta medida se ha complicado después de que el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, amenazara con retirar inversiones y Junts dejara en el aire su apoyo a los futuros presupuestos de 2025 si finalmente se mantiene el impuesto energético.

Gravámenes extraordinarios

Los gravámenes sobre la banca y las grandes energéticas se adoptaron de forma extraordinaria para paliar los efectos de la crisis energética e, inicialmente, se planearon para dos ejercicios, 2022 y 2023, aunque posteriormente se ampliaron un año más, a 2024 (que se liquidará en 2025).

Este año, los gravámenes han recaudado 2.859 millones de euros, de los que 1.695 millones corresponden al bancario (que grava el margen de intermediación) y 1.164 millones al energético (que grava los ingresos de las actividades no reguladas en España).

El acuerdo de investidura, suscrito por PSOE y Sumar, incluyó el compromiso de que estos gravámenes temporales pasaran a ser permanentes -también el plan fiscal, en el que se consignan los correspondientes ingresos-, un proceso que implica su conversión en impuestos, algo que solo puede hacerse a través de una ley.

Este proceso, por el momento, no ha comenzado y es difícil que pueda culminarse antes de final de año -incluso aunque se utilice una proposición de ley o una enmienda en otra ley-, por lo que una opción para evitar que decaigan sería prorrogar una vez más ambas figuras como gravámenes temporales, aunque también esto requeriría del aval del Congreso.

Presión empresarial y política

Tanto la banca como los grupos energéticos han mostrado desde el inicio su oposición a estos gravámenes, pero esta presión se ha recrudecido esta semana cuando el consejero delegado de Repsol ha advertido de que la inversión "se ralentizará al mínimo" por el "populismo fiscal" del Gobierno, que "va a penalizar esta actividad con un gravamen discriminatorio".

El resto de grupos energéticos afectados ha optado por la prudencia y dicen mantenerse a la espera de conocer el diseño del futuro impuesto antes de pronunciarse -Iberdrola ni siquiera lo ha incluido en sus previsiones-.

Las advertencias de Imaz han tenido eco político, ya que Junts ha señalado que no apoyará ninguna iniciativa que ponga en riesgo las inversiones en Cataluña, en referencia al impuesto energético, una reticencia que choca con el apoyo de ERC al mantenimiento de estas figuras.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha llegado a dejar en el aire su apoyo a las futuras cuentas si no hay avances en la negociación del paquete fiscal, que debe pasar por "la permanencia de impuestos que ya hemos conseguido en años anteriores, que tienen que ver con la banca y las energéticas".

Diseño de los impuestos

Una de las cuestiones clave en la negociación de los futuros impuestos es el detalle de su diseño, ya que podrían configurarse de forma distinta a la actual para "mantener ese equilibrio en lo que proporcionan en materia de progresividad sin afectar o minimizando el impacto" en la inversión, según Cuerpo.

De hecho, la prórroga de los gravámenes ya preveía que el tributo energético incorporara deducciones para las inversiones estratégicas vinculadas a proyectos industriales y de descarbonización, pero éstas quedaron en el aire porque se iban a legislar en los presupuestos de 2024 y éstos nunca se aprobaron.

A este debate se ha sumado esta semana el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, quien ha pedido que el futuro impuesto a la banca sea "lo más neutral posible", lo que, a su juicio, pasa por permitir descontar las provisiones, algo que fue rechazado por Sumar porque es "absurdo cobrar un impuesto sobre beneficios para luego devolverlo vía deducción".

De hecho, el acuerdo de investidura preveía la "permanencia íntegra" de ambos gravámenes y, ahora, el Gobierno está "hablando con todos los grupos" en busca de un acuerdo, ha subrayado este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aunque por el momento "no hay avances", según el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón.