Dimite el consejo rector de las asociaciones de defensa sanitaria ganadera por las "demandas ignoradas" de la Junta de Andalucía

Sevilla/El consejo rector de la Federación Andaluza de Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera ha presentado su dimisión en bloque por la, a su juicio, falta de respuesta de la Consejería de Agricultura a "cuestiones concretas" que son vitales para la supervivencia de las estas agrupaciones y que llevan más de 20 años demandando.

Las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG), recordemos, son entidades sin ánimo de lucro formadas por ganaderos y enfocadas al desarrollo de los programas sanitarios de prevención y tratamiento de todas las enfermedades que afectan a la cabaña. Están financiadas en parte por los propios ganaderos y en parte por la Administración autonómica. En Andalucía hay 36 ADSG que cubren 18.500 explotaciones y con unos 250 veterinarios contratados.

La dimisión del consejo rector de la federación que las agrupa se produce porque, argumenta, lleva más de una década esperando a que la Junta de Andalucía publique la nueva Orden que regula estás asociaciones, que han ido asumiendo funciones con el tiempo y ya no solo trabajan en el tratamiento de enfermedades sino también en la elaboración de guías sanitarias, entre otras cosas. Esta Orden permitiría la libre elección de ADSG por parte del ganadero -lo que fomentaría la competencia- y, en general, una mayor agilidad en el funcionamiento. Las asociaciones llevan esperando esta Orden desde al menos 2012, sin que hasta ahora se haya publicado.

La federación critica, también, el retraso administrativo en el cobro de las actuaciones. En un comunicado, asegura que las actuaciones realizadas en 2023 aún no han sido abonadas, lo que ha obligado a las asociaciones a pedir créditos o recurrir a préstamos de sus asociados. Además, dice, realizan ahora un mayor esfuerzo con menos dinero: "En 2009 teníamos 13 millones de presupuesto y ahora cuatro, y no llega todo el dinero por temas administrativos; y antes solo hacíamos temas sanitarios, ahora también administrativos", afirma Francisco Javier Fernández Blanco, presidente de la federación. Reclama también nuevas líneas de ayudas que permitan el mantenimiento de estas entidades, como la de Asesoramiento en Materia de Bienestar y Sanidad Animal, que por ahora no se ha publicado. También pide la aplicación de la Ley de Tasas, que establece un precio por los servicios de laboratorio a los ganaderos fuera de las ADSG.

Fuentes de la Consejería de Agricultura manifiestan su "sorpresa" por esta decisión, ya que las reuniones con la federación son "periódicas", la última hace solo dos semanas (extremo confirmado por Fernández Blanco). Insisten en que la Orden está "a punto de salir" y que, además, está hecha "a imagen y semejanza " de las demandas de las agrupaciones, puesto que ha sido consensuada previamente. "La semana pasada se le mandó el texto ya consensuado con el sector y las ADSG, para que hicieran alegaciones. Estamos a la espera de las aportaciones, aunque ha sido consensuada previamente", indican en la Consejería de Agricultura. Desde la federación se argumenta que ya en 2015, 2021 y 2022 se publicaron borradores y se presentaron las alegaciones (sin contar varias veces que lo hicieron extraoficialmente). Considera que una vez dimitido el consejo rector no cabe presentar nuevas alegaciones al texto y que en todo caso valen las anteriores.

Respecto a la nueva línea de Asesoramiento en Materia de Bienestar y Sanidad Animal, la Consejería informa de que las bases reguladoras el 13 marzo 2024 y que en el primer trimestre de 2025 debe publicarse la convocatoria, después de que se reciban y se aprueben los "costes simplificados encargados al Consejo de colegio veterinarios".

¿Qué ocurrirá ahora? Pues, en teoría, la administración se queda sin interlocutores pero las ADSG siguen funcionando de forma normal, es decir, por ese lado no hay riesgo. En febrero, tendrá lugar una asamblea de la federación y ahí se deberá decidir si hay nuevo consejo rector y también si se disuelven las asociaciones. "Si no se toman medidas, hay riesgo de desaparición", confirma Fernández Blanco. "Esto no es un calentón, no lo hacemos porque sí", continúa. Si es así, la administración tendrá que asumir la gestión sanitaria o una empresa privada, como ocurre, por ejemplo, en Castilla y León

El trasfondo de la lengua azul

En el trasfondo de esta polémica está la gestión de la enfermedad de la lengua azul, cuyo serotipo 3 ha hecho estragos en la cabaña ovina desde octubre. Se pensaba que en diciembre, llegado el frío, se atenuaría el problema, pero no está siendo así. La federación de asociaciones de defensa sanitaria se muestra muy crítica con la gestión desde las administraciones: "Si hubiéramos hecho lo mismo con el Covid en el caso humano que con la lengua azul todavía estaríamos con las mascarillas", dice Fernández Blanco.

Su tesis es que España es el único país que tiene "un programa de erradicación obligatoria", lo que lleva a que se tomen medidas, por comarcas y según serotipos, que pueden ser de inmovilización total, de restricciones de movimientos o de traslado libre. El resultado es un mapa de movimientos que, según Fernández Blanco, es "un galimatías que no hay quien entienda". Pone el ejemplo de cuatro comarcas, Campo de Gibraltar, La Janda, Málaga, Costa del Sol Occidental, Axarquía y Valle del Guadalhorce, cuyo ganado fue inmovilizado completamente porque "no había vacunas". "Eso significa que no podían vender: te limitan el movimiento y no tienen vacunas para que puedas cumplir la reglamentación". Finalmente, este jueves se permitió el movimiento parcial solo a cebaderos y mataderos.

Desde la Junta se informa de que esta es una política nacional, del Ministerio de Agricultura, y que las comunidades no hacen otra cosa que acompañarla.