El SAS aprueba los complementos de productividad para los letrados

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha dado luz verde a la asignación del complemento de productividad para los letrados de la Administración sanitaria andaluza, que oscilará entre los 6.000 y 7.500 euros anuales según la categoría profesional. Este incentivo económico, que se abonará por cuatrimestres vencidos tras las correspondientes evaluaciones, fue una de las principales reivindicaciones que llevó a estos profesionales a mantener una huelga durante tres semanas.

Según la resolución publicada este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), el complemento está enmarcado en el Decreto 31/2025, de 4 de febrero, que regula la asistencia jurídica al SAS. La evaluación del desempeño se realizará tres veces al año: en mayo (para el periodo enero-abril), en septiembre (mayo-agosto) y en enero (septiembre-diciembre), procediéndose al pago en el mes posterior a cada evaluación.

La cuantía del complemento varía según el puesto que ocupe cada profesional dentro del cuerpo jurídico del SAS. Las jefaturas de asesoría recibirán la cantidad más elevada, con 7.500 euros anuales. Por su parte, las jefaturas de áreas, los letrados adjuntos y las jefaturas provinciales percibirán 6.500 euros cada año. En el caso de los letrados sin cargo de responsabilidad adicional, el importe se fija en 6.000 euros anuales.

Sistema de evaluación del rendimiento

El SAS ha establecido que "el complemento de productividad está destinado a retribuir el especial rendimiento y la actividad extraordinaria, así como el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo". Dada la naturaleza intelectual de la labor de los letrados y la influencia de factores externos en los resultados obtenidos, la administración sanitaria ha optado por "un sistema de evaluación mediante un método indirecto", aunque estableciendo "conceptos que van a ser objeto de puntuación para garantizar la máxima objetividad".

El reglamento que ampara estos complementos fue aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz el pasado 4 de febrero de 2025, con el objetivo de actualizar la normativa anterior de 2005, considerada "obsoleta en muchos aspectos de su regulación". La Junta de Andalucía defendió entonces que esta actualización era "fundamental para garantizar una correcta asistencia jurídica" tanto al organismo sanitario como a sus autoridades y personal.