El PSOE exige aclarar si la empresa donde trabaja la mujer de Moreno recibió dinero de la Junta

La portavoz del PSOE andaluz, Ángeles Férriz, ha puesto este miércoles toda la carne en el asador y ha exigido a la Junta que aclare si alguna parte de los 300 millones de euros que el SAS adjudicó de emergencia, han llegado a la empresa farmacéutica donde trabaja la esposa del presidente andaluz, Juanma Moreno."Como la mujer del presidente Moreno Bonilla trabaja en una farmacéutica, queremos saber si está también entre las empresas beneficiarias que han recibido dinero a dedo y sin control", ha dicho en la sala de prensa del Parlamento de Andalucía.

Tras censurar que Andalucía haya triplicado el gasto farmacéutico, Ángeles Férriz, ha pedido a Moreno que publique todos y cada uno de los informes de Intervención sobre una adjudicación "a dedo, sin control ni fiscalización" y fuera del período de urgencia por la pandemia del Covid-19. La portavoz socialista ha insistido en que la mejor manera de conocerlo es que la Junta de Andalucía publique "hoy mismo" todos los beneficiarios, las cantidades, el objeto por el que fueron contratados y el plazo.

"Mientras deterioraban la sanidad pública, regaban la privada sin control ni fiscalización, a dedo; la falta de transparencia y la opacidad son la marca de Moreno". A su juicio, esa adjudicación "irregular" de 300 millones de euros supone "corrupción sanitaria con todas las letras" y "chanchullos de todos los colores", y ha apostillado que para acceder a esos contratos solamente había que cumplir el requisito de ser "amiguete" de Moreno.

Adelante Andalucía pide una comisión de investigación

También el grupo parlamentario Adelante Andalucía ha considerado "un escándalo y un caso de corrupción" la contratación de emergencia de la Junta de Andalucía durante la pandemia de coronavirus tras esgrimir que la Administración autonómica "se saltó todas las advertencias" de la Intervención de la Junta, organismo interno de fiscalización, por cuanto "ahora se sabe que en 2020 ya le hizo un preinforme que le avisaba de que era ilegal", en palabras de la parlamentaria Maribel Mora.

 "El 98% de los contratos que se realizaron por parte del SAS con empresas privadas fueron ilegales", ha proclamado Mora, una conclusión que ha sustentado en un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas del ejercicio 2020, así como en el pronunciamiento de la Intervención General, de la que ha recordado que "en su informe final establece, de manera taxativa, que todos estos contratos en el año 2020 se saltaron la Ley de Contratos".

Ppor ello va a plantear una Proposición no de Ley para reclamar la creación de una comisión de investigación y seguidamente expresar su deseo de que "el Partido Popular no siga impidiendo que esto pueda abordarse en el Parlamento y podamos investigarlo".  Adelante ha reclamado evaluar "cuáles son las responsabilidades políticas", además de las jurídicas, "que las hay", que ha argumentado que durante la pandemia de coronavirus "no solamente en esta consejería de Salud se cometieron ilegalidades, en otras también".