El PSOE estudia ampliar su demanda por contratos fraccionados del SAS en Andalucía

Los 18 informes de la Intervención de la Junta de Andalucía en los que se alertaban de irregularidades por valor de 1.223 millones de euros en contratos fracionados del Servicio Andaluz de Salud (SAS), han servido de munición para los grupos políticos en el Parlamento andaluz. Toda la oposición, salvo Vox, ha abundado en sus iniciativas de pedir explicaciones, mientras el PP se ha atrincherado en su conocida respuesta de que "todo era legal" y que "otros cuando gobernaban también lo hacían".

El PSOE estudia "ampliar la demanda" que sus diputados han interpuesto y que un juzgado de instrucción de Sevilla ha admitido a trámite por contratos sanitarios de la Junta tramitados con el procedimiento de emergencia, en lo que su portavos, Ángeles Férriz considera como un "saqueo a la sanidad pública". Por ello, ha explicado que "serán los abogados que están asesorando" al PSOE-A "los que nos digan exactamente cómo plantear esa ampliación de la demanda a raíz de esos informes de la Intervención General, y en todo caso ha recordado que el partido ya se había planteado "una ampliación de la demanda inicial que estaba sólo dirigida a 300 millones por contratos de emergencia", y "ahora ya vamos por 1.223".

La representante socialista ha criticado que, "mientras la gente lo está pasando verdaderamente mal, millones de andaluces viven angustiados viendo en sus narices cómo la sanidad pública se cae a pedazos", el Gobierno andaluz "estaba gastando toda su energía en repartir millones en 'cachitos' y a sus amigos". Férriz ha remarcado que "empleados públicos" como los interventores de la Junta han encontrado "irregularidades" en el "92% de los contratos" analizados.

La portavoz socialista ha sostenido que "es completamente indecente oír cómo la consejera de Hacienda, dice sin despeinarse" que recurrían a ese modo de contratación "para salvar vidas", y frente a ese argumento Ángeles Férriz ha replicado que desde el Gobierno andaluz lo que estaban realmente es "forrando a sus amigos" con "contratos menores" que derivaban de "contratos mayores, que requerían una publicidad y una concurrencia competitiva", que desde la Junta "trocearon en 'cachitos'", incurriendo así en "un fraude de ley como una catedral", según ha enfatizado.

Además, ha negado que el Gobierno del PP-A tenga "transparencia" en esta materia, pese a que "hacen gala" de ello, porque "son incapaces de dar un papel" al principal grupo de la oposición cuando éste lo ha reclamado, según ha advertido Ángeles Férriz, que también ha criticado que desde el PP-A "se han negado a todas las comisiones de investigación de contratos de emergencia y de contratos menores" que ha solicitado la oposición, y "nos hemos tenido que ir a los tribunales".

De igual modo, Férriz ha acusado a la consejera portavoz de la Junta de haber dicho una "mentira" en su rueda de prensa de este martes al señalar que "los contratos menores tenían informe jurídico", y ha retado a Carolina España a que "hoy mismo enseñe" esos informes si es verdad que existen.

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, ha acusado a la oposición de "intentar darle vueltas a la misma pelota" y ha recordado que "los contratos se hicieron mediante un proceso administrativo transparente y absolutamente legal". Toni Martín ha recordado como "parece que se les ha olvidado cuando algunos gobernaban, utilizaban este mismo tipo de contratos y ahora se llevan las manos a la cabeza diciendo que se trata de un escándalo".

A su juicio, se trata de una estrategia meramente política "que consiste en mantener el ruido a toda costa sobre un asunto que no tiene ninguna trascedencia" y que responde a "la necesidad de reafirma un liderazgo (en referencia a Juan Espadas) que ahora parece cuestionad".

La novedad más destacada es que Adelante Andalucía ha anunciado que se une a la petición del PSOE para que comparezca en el Parlamento de la interventora general de la Junta y de la interventora delegada del SAS. La explicación de su portavoz, José Ignacio García, es que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, mantiene un "silencio atronador", lo que prueba que desde el Gobierno andaluz parece que "se le quita importancia" a u asunto que no ha duda en calificar como "el mayor caso de corrupción" en Andalucía después de los ERE falsos, por lo que ha pedido a la Junta que "enseñe los contratos".

No fue el único en referirse a este mismo asunto. La portavoz de Por Andalucía se ha referido a lo que ha calificado como "escandalera" de "la adjudicación de esos contratos tramitados "a dedo" en el ámbito de la Consejería de Salud, y de "fraccionamiento" de contratos "menores" y "negociados sin publicidad, muchos de ellos que se siguen firmando este año con menos papeles que una liebre" y "sin ninguna justificación que acredite la utilización de esos procedimientos". Inma Nieto ha recordado que detrás de esos contratos "hay miles de millones de euros que debieran estar fortaleciendo el sistema público de salud, y no las cuentas de beneficios de grandes farmacéuticas y grandes empresas privadas de la sanidad".