El precio de la vivienda es el tercer problema más importante para los andaluces

Los andaluces muestran cada vez más preocupación por la vivienda, que se ha convertido en el tercer problema más importante para los ciudadanos después del paro y de la sanidad. En el último barómetro de opinión de la Fundación Centra publicado esta semana, el 8,7% de los andaluces consultados consideran el acceso y el precio de la vivienda cuando se les pregunta por el principal problema que existe actualmente en Andalucía. Esta cifra supone casi el doble que la registrada en el barómetro de junio, en el que el 4,7% de los andaluces señaló como problema más importante el acceso y los altos precios. Hace un año, sólo un 1,5% consideró que la vivienda, la vivienda cara, era el principal problema en Andalucía.

Los obstáculos para alquilar o comprar un lugar donde vivir no dejan de crecer. Es lo que percibe la sociedad y es lo que refleja una multitud de estudios e informes sectoriales, que avisan de un "sobreesfuerzo" para hacer frente al gasto del alquiler de una vivienda en los hogares con menores ingresos, entre los que destacan los formados por jóvenes, y en las zonas donde se concentra la actividad económica y turística, según explica un reciente informe del Banco de España. La variación de los precios del alquiler, añade el citado informe, se sitúa entre el 9% y el 10% en el tercer trimestre de 2024, una valores notablemente más altos que el 1,3% de la inflación general.  

Los jóvenes andaluces están protagonizando una gran evasión a las periferias de las grandes ciudades, principalmente en las poblaciones más especializadas en la industria turística. De vuelta a los datos publicados esta semana en el barómetro del Centra, los ciudadanos preguntados atribuyen a la proliferación de inmuebles dedicados al alquiler de los turistas como el principal elemento en el alza del coste. Para el 28,1% de los andaluces, la cuestión de los "apartamentos turísticos" es el primer factor que contribuye a la subida de los precios de las viviendas. El citado informe del Banco de España sitúa a Marbella, Málaga y Sevilla como las tres ciudades de las 25 mayores áreas urbanas de España con una mayor proporción de viviendas de alquiler turístico en relación a las de alquiler residencial en los centros de las ciudades.

Las propuestas para mitigar el problema de la Junta de Andalucía

Los legisladores y las administraciones tratan de encontrar una solución a la disparada subida de los precios y la imposibilidad de una gran bolsa de población para formar un hogar. La alta demanda de vivienda se está extendiendo a las primeras coronas de la ciudades, que están acusando también un notable incremento de los precios. Los ayuntamientos andaluces, en el ejercicio de sus competencias, han empezado a limitar las plazas para el alquiler turístico o lo están estudiando. Después del de Cádiz, en 2022, los gobiernos municipales de Sevilla y Málaga han aprobado ordenanzas o modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana para acotar el parque de vivienda dedicado a los visitantes. Las administraciones autonómicas y central también sopesan la redacción de normativa que frene las subidas de los precios del alquiler o la compra de vivienda.

Para moderar el actual desequilibrio entre la oferta y demanda, la Junta de Andalucía ha fijado la política de aumentar la cantidad de suelo para la construcción de vivienda pública. También propone medidas tributarias. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que el presupuesto andaluz para 2025 incluirá más de 800 millones entre "medidas fiscales y recursos para facilitar el acceso a la vivienda". 

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha defendido este jueves que la próxima ley andaluza de vivienda facilitará el acceso a un hogar y ha adelantado que la Junta no contempla cambiar el régimen de su parque público, haciendo referencia a una propuesta del Gobierno central. Sanz ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas durante un acto en Granada y después de que el Ejecutivo haya propuesto el blindaje de las viviendas protegidas, imposibilitando durante 30 años la opción de venta. Andalucía proyecta reducir ese periodo a 10 años. 

El Gobierno andaluz, ha informado Sanz, pretende abaratar el coste de la vivienda desde diferentes enfoques, como favorecer la puesta en valor de suelo para impulsar la construcción y garantizar el acceso a la vivienda pública. "Podemos discrepar en las fórmulas que están previstas en ese ámbito como las desgravaciones fiscales para determinados colectivos de la sociedad", ha afirmado el consejero de Presidencia en unas declaraciones recogidas por Efe.

La Junta de Andalucía plantea también una reducción de trámites administrativos que, a su juicio, encarecen el acceso a la vivienda y ralentizan la solución. Desde febrero hay en vigor una norma andaluza que perseguía esa reducción de los trámites: el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que, literalmente, se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía, un prolijo texto de casi 500 páginas.