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Cerca de 15.000 personas con discapacidad, 2.000 según al Delegación del Gobierno, familiares y profesionales se han manifestado en Sevilla para exigir una financiación más justa para las entidades que atienden a personas con discapacidad en Andalucía. Según el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Andalucía (Cermi-A), los centros y servicios de estas entidades se encuentran en una situación límite debido a la falta de recursos adecuados, poniendo en riesgo su supervivencia y la atención que brindan a este colectivo.
La manifestación, que ha contado con el apoyo de miles de personas, tenía como objetivo reclamar una respuesta urgente tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno central. Los manifestantes han subrayado la necesidad de contar con una financiación más justa que garantice la prestación de servicios esenciales y se adecúe a los gastos reales que deben afrontar las entidades. Actualmente, las tarifas están desfasadas y no cubren el coste real, lo que pone en riesgo la continuidad de estos servicios fundamentales para las personas con discapacidad.
Desde Cermi-A han propuesto un nuevo modelo de financiación que contemple la actualización automática y permanente del coste de los centros y servicios conforme al IPC, así como tener en cuenta el incremento de los convenios colectivos de los profesionales que trabajan en estas entidades. Además, han solicitado la revisión al alza del coste plaza y la creación de un sistema automático de actualización de precios de los servicios.
Al Ejecutivo nacional, las entidades han exigido la elaboración y aprobación de un Pacto de Estado para garantizar la viabilidad del sistema y asegurar que todas las personas tengan los mismos derechos en los distintos territorios. Para ello, han solicitado incrementar la financiación del nivel mínimo de protección, abonado íntegramente por la Administración General del Estado (AGE), con el objetivo de alcanzar progresivamente el 50% de financiación de cada administración.
Por otro lado, al Gobierno andaluz han reclamado un nuevo modelo de financiación para los servicios públicos que se encomiendan a las entidades sociales por falta de medios propios para prestarlos. Este modelo debe permitir cubrir no solo los costes de funcionamiento, sino también los necesarios para ofrecer una atención de calidad, innovadora y ajustada a las necesidades de cada persona.
Asimismo, han pedido un pacto social y político por la discapacidad, que garantice la estabilidad de las entidades sociales y de los servicios y recursos que prestan. Las personas con discapacidad merecen una atención constante, sin el temor de que los servicios que reciban puedan desaparecer de un día para otro por falta de recursos.
El mundo de la discapacidad ha hecho un llamamiento a toda la sociedad para que apoye esta lucha, recalcando que una sociedad que no protege a sus miembros más vulnerables es una sociedad que falla en su responsabilidad más básica. La manifestación en Sevilla ha sido el punto culminante de un calendario de movilizaciones que buscan visibilizar la situación de asfixia que atraviesan las entidades y la urgencia de tomar medidas para garantizar la atención y los derechos de las personas con discapacidad.
Las entidades que atienden a personas con discapacidad desempeñan un papel fundamental en la sociedad, brindando servicios y apoyos esenciales para garantizar la inclusión, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de este colectivo. Estas entidades ofrecen una amplia gama de servicios, como atención temprana, educación especial, formación laboral, apoyo residencial, ocio inclusivo y programas de autonomía personal, entre otros.
Sin embargo, para poder llevar a cabo su labor de manera efectiva y sostenible, estas entidades requieren de una financiación adecuada y estable. La falta de recursos suficientes puede poner en riesgo la continuidad de los servicios y la atención que reciben las personas con discapacidad, generando un impacto negativo en su bienestar y en el de sus familias.
Es fundamental que tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central tomen conciencia de la situación crítica que atraviesan estas entidades y adopten medidas urgentes para garantizar una financiación justa y sostenible. Solo así se podrá asegurar que las personas con discapacidad reciban los apoyos necesarios para su plena inclusión y participación en la sociedad.
La manifestación en Sevilla es un reflejo de la lucha constante que llevan a cabo las personas con discapacidad y las entidades que las representan para hacer valer sus derechos y lograr una sociedad más inclusiva y equitativa. A pesar de los avances logrados en las últimas décadas, aún queda un largo camino por recorrer para eliminar las barreras y discriminaciones que enfrentan las personas con discapacidad en diversos ámbitos de la vida.
La falta de una financiación adecuada para los servicios y apoyos que requieren es solo uno de los muchos desafíos a los que se enfrentan. Otros retos incluyen la accesibilidad en el entorno físico y digital, la inclusión educativa y laboral, la participación política y social, y la lucha contra los estereotipos y prejuicios.
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