La limitación de precio en situaciones de alta demanda en Andalucía enfada a los VTC: "La Junta quiere acabar con el sector"

El presidente de la Asociación Empresarial VTC Andalucía, Pablo García, ha asegurado que la Administración andaluza "quiere acabar con el sector" tras conocer el trámite de información pública el proyecto de Decreto por el que se desarrolla la Ley 2/2003, de 12 de mayo, que contempla la limitación de precios de los VTC en situaciones de "alta demanda" como consecuencia de la celebración de ferias o eventos "deportivos, musicales, culturales, de ocio o tiempo libre".

En declaraciones a Europa Press, García ha anunciado que harán alegaciones de cara al texto del reglamento, ya que consideran que en esa unidad de mercado en la que pretenden "homogeneizar la actividad para que haya una potenciación de la competencia, del mercado y de la inversión" promuevan una "normativa limitante y no homogeneizada con otras comunidades autónomas".

Respecto a la limitación de precios a los VTC en situaciones de "alta demanda", García se ha preguntado si en ese tipo de situaciones sectores como el hotelero o el ferroviario "también tendrán esas limitaciones de precios". Al hilo de esto, el presidente del sector ha aclarado que se sienten "sorprendidos" frente a los "requisitos limitantes" que el sector "sufre", como "la adquisión de vehículos con un coste superior", además de "burocratizar el acceso a la profesión".

"Cuello de botella"

Respecto a esto último, García ha anotado que las instituciones "están creando un cuello de botella, en el cual aunque se quiera contratar a una persona que no ha ejercido la profesión, tienen que esperar tres meses a la preparación de un examen", y ha apuntado que con esta dinámica "van a conseguir es que no se consigan conductores". Además, ha apostillado que "es una manera de acceso a la profesión claramente contraria a las guías regulatorias de la Unión Europea".

Asimismo, el presidente del sector ha anotado que "toda la flota de taxi y VTC de Andalucía no es suficiente para todo el volumen de trabajo que hay". "Evidentemente, en momentos puntuales y con poca flota disponible los precios suben", ha razonado García. "Quieren limitar esas oportunidades en las que uno va a trabajar en los momentos más complicados para poder facturar un poco más que lo que se factura habitualmente", ha concluido.

En este contexto, se desprende del texto del decreto sometido a información pública, consultado por Europa Press, que incluye un artículo -el número 3- dedicado al "régimen de precios en supuestos de alta demanda", que parte de la premisa de que, "en aplicación de lo dispuesto en el artículo 18.5 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, como regla general los precios de la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor no están sujetos a tarifa administrativa".

"No obstante, por razones de interés general para evitar precios abusivos para los usuarios, en situaciones especiales de alta demanda, el precio final del trayecto en ningún caso podrá duplicar el precio ordinario ofrecido para ese mismo trayecto por el operador de transporte o empresa intermediaria al usuario del servicio", apostilla a renglón seguido el texto del decreto sometido a información pública.

De igual modo, la normativa que prepara la Junta plantea que, "en cualquier caso, las empresas o plataformas de VTC, con arreglo a lo establecido al artículo 182 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, deberán informar de manera clara a los usuarios de los precios que apliquen".

El texto del decreto que perfila la Junta aclara que "se entenderá por situaciones especiales de alta demanda aquellos eventos específicos de gran afluencia pública en los que la demanda de transporte de pasajeros se incrementa considerablemente por encima de los niveles habituales como consecuencia de la celebración de espectáculos, ferias y toda clase de eventos deportivos, musicales, culturales, de ocio, o tiempo libre".

De igual modo, avanza que, "para facilitar las labores de control, los Servicios de Inspección de Transporte de la administración competente podrán recabar de los operadores o de las empresas intermediarias la información que resulte necesaria para verificar el cumplimiento de dicha obligación".