El Gobierno andaluz aún pagó 4,1 millones de euros en 2023 a los trabajadores beneficiados por los ERE

La Consejería de Empleo del actual Gobierno andaluz aún sigue pagando las ayudas sociolaborales a los trabajadores afectados por los ERE, cuya aprobación por parte de los anteriores Ejecutivos socialistas motivó el caso judicial por el que fueron condenados varios consejeros y dos ex presidentes de la Junta. En concreto, Empleo pagó en 2023 un total de 4,155 millones de euros en concepto de primas y prestaciones mensuales. Estos pagos no se han interrumpido desde que las ayudas fueron aprobadas en 2001, y vienen a indicar que la mayor parte de la cantidad total, 680 millones de euros, han ido a parar a los más de 6.000 trabajadores afectados por expedientes de regulación que se beneficiaron de estas ayudas.

Aunque el PP y el Gobierno andaluz han sostenido que el fraude del caso ERE se extiende a la totalidad de los 680 millones de euros y que, por tanto, tendrían que ser devueltos, lo cierto es que ningún tribunal ni juez ha solicitado esa devolución a los trabajadores. En total, fueron algo más de 6.000 los empleados beneficiados por las ayudas que la Junta diseñó para pagarles una mensualidad hasta el momento de su jubilación. Gran parte de ellos ya se jubilaron, pero aún quedan algunos beneficiarios en activo, de ahí los pagos que aún sigue haciendo la Consejería de Empleo.

La cantidad de 2023 se incluye en la respuesta que Empleo ha dado a la parlamentaria socialista Olga Manzano. Para el también diputado autonómico Josele Aguilar, "esto viene a poner de manifiesto la manipulación y el cinismo del PP de Andalucía en relación los con los ERE". "No sólo no se opusieron -ha explicado Aguilar- en su momento, cuando año tras año se iban aprobando los Presupuestos en el Parlamento, sino que han seguido pagándolos, se demuestra así la gran mentira que el PP construyó para llegar al poder".

En julio pasado, el Tribunal Constitucional anuló las condenas por malversación de algunos de los encarcelados por el caso ERE al entender que los presupuestos anuales de la Junta daban la cobertura legal a estas ayudas y que, por tanto, las aprobaciones anteriores en el Consejo de Gobierno no cabían entenderse como actos ilegales.

Las cantidades que se pagan cada año sí han ido disminuyendo con la caída del número de beneficiarios por sus jubilaciones. Entre el año 2019 y el 2020, el primero del Gobierno de Juanma Moreno con Ciudadanos, se pagaron 24,6 y 14,1 millones de euros, respectivamente. En 2021 fueron 14,1 millones de euros, y en 2022, 6,06 millones de euros.

Además de la lectura que en julio hizo el Constitucional, en 2012 ya se aprobó un decreto de regularización de tales ayudas, lo que ha permitido muchos archivos en los juzgados de casos concretos.