El Gobierno andaluz cambia la ley para recortar los plazos en las autorizaciones ambientales

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Gestión Ambiental de Andalucía, una normativa que va a sustituir a la anterior de 2007 y que se basa en dos pilares clave: la reducción de los plazos y las declaraciones responsables de las empresas. Así, una de las principales novedades es la figura de la licencia ambiental de competencia municipal, que sustituye a la calificación ambiental y reduce el plazo de resolución a tres meses. A esta medida se suma la disminución de las categorías que requieren licencia ambiental y el aumento de actividades que podrán gestionarse mediante declaraciones responsables, con lo que se reducirá la carga administrativa para empresas y ayuntamientos.

Del mismo modo, la ley revisa los plazos para la obtención de autorizaciones ambientales, reduciendo el tiempo de tramitación de ocho a seis meses, y actualiza el título de responsabilidad ambiental, incluyendo la obligación de presentación por parte de los promotores la declaración responsable de haber realizado el análisis de riesgos ambientales de su actividad y haber constituido una garantía financiera. En cuanto al régimen sancionador, se contempla de figura de la prestación ambiental sustitutoria en contraprestación a la multa establecida como sanción a una infracción cometida. 

La consejera de Sostenibilidad, Catalina García, ha explicado que el objetivo de esta norma es "simplificar la normativa ambiental de Andalucía y hacerla compatible la protección del medio ambiente con el desarrollo económico y social de la comunidad".

Según entiende la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente que impulsa esta ley, fortalece la protección frente a la contaminación ambiental en sus formas: atmosférica, acústica, lumínica y del suelo. Un aspecto relevante de la nueva norma es el fomento de la ecoinnovación y la promoción de tecnologías más sostenibles en actividades económicas e industriales. La ley también incluye instrumentos fiscales e incentivos económicos para impulsar la economía verde.

La futura Ley de Gestión Ambiental de Andalucía refuerza el acceso a la información pública y promueve la educación y sensibilización ambiental como ejes de una sostenibilidad compartida, además se crea un registro de personas interesadas en los procedimientos de evaluación y prevención ambiental, asegurando una participación efectiva y transparente de la ciudadanía. Igualmente, la ley separa el procedimiento de evaluación ambiental de los instrumentos de prevención, publicándolos de forma independiente y sin posibilidad de recurso.

La norma lleva la puesta en marcha de una Estrategia Marco de Medio Ambiente y la planificación de inspecciones ambientales plurianuales para reforzar la vigilancia y control ambiental en todo el territorio.