La ex consejera de Salud marca distancias con sus antecesores por los contratos del SAS

La ex consejera de Salud, Catalina García, ha defendido que los contratos del SAS que la Intervención de la Junta ha puesto en duda se hicieron "con garantías jurídicas", pero a la vez ha marcado distancia con sus antcesores: "Estoy segura de que las personas que gestionaron aquel momento lo hicieron por una necesidad extraordinaria". Los distintos informes de la Intervención se refieren a los ejercicios 2020 y 2021, cuando el consejero de Salud era Jesús Aguirre, hoy presidente del Parlamento. No obstante, García era su viceconsejera.

Catalina García es ahora la consejera de Medio Ambiente, y en una entrevista en Canal Sur Radio, ha sostenido que las plataformas de contratación en cada una de las provincias "intentaron solucionar problemas", como lo era proveer de los materiales necesarios a cada hospital y a cada centro de salud. Catalina García fue la viceconsejera de Jesús Aguirre durante la pandemia de Covid. Cuando tras las elecciones de 2022 Aguirre fue elegido presidente del Parlamento, García asumió el primer puesto de la Consejería. El responsable del SAS en tiempos de Aguirre fue Miguel Ángel Guzmán, y se mantuvo como viceconsejero con Catalina García, aunque dimitió el 27 de diciembre de 2023 por desavenecias con ella.

La intervención delegada de la Junta en cada centro provincial del SAS, así como la Intervención General, han emitido varios informes en los que censura dos prácticas en los contratos de bienes, obras y servicios. El primero se refiere a los contratos de emergencia posteriores al 4 de mayo de 2021, cuando ya no era de aplicación la totalidad del real decreto que el Gobierno central aprobó por la pandemia de Covid en 2020. Desde ese momento, los contratos del SAS ya no estaban amparados por el automatismo del Covid, por los que aquellos que fueran de emergencia se debían razonar y tenían que ser excepcionales. Según los informes de Intervención, se siguieron adjudicando contratos de este tipo, sin publicidad ni concurrencia de competencia, por valor de 296,3 millones de euros hasta el año 2023. La Intervención central del SAS ha emitido un informe desfavorable sobre ello.

Este asunto ha sido denunciado por el PSOE y admitido en el juzgado de instrucción número 13. La Intervención había recordado, además, que una instrucción de la Dirección General de Contratación de la Junta de 2021 (la 1/2021) había comunicado a todos los centros de la Junta que los de emergencia debían ser desde ese 4 de mayo de carácter "absolutamente excepcional".

Pero la Intervención no sólo censuró los contratos de emergencia del SAS, sino la magnitud que habían alcanzado los llamados contratos menores. Estos últimos permiten sortear la publicidad y concurrencia porque se trata de cantidades bajas, nunca superiores a los 40.000 euros en el mejor de los casos. Lo que encuentra la Intervención en cada una de las provincias es que compras que debían ser mayores y, por tanto, sujetas a publicidad y concurrencia, se fraccionarion para pasarlas como menores. En el caso de la provincia de Huelva, la Intervención General emitió un informe de actuación el 13 de noviembre de 2023, que fue aceptado el día 25 posterior por la consejera de Salud, entonces Catalina García.

El informe de actuación es la acción más grave que puede adoptar la Intervención. Obliga a la subsanación y de ello se informa, tanto a la Consejería afectada, en este caso, Salud, como a la de Hacienda. Si no se solucionase, habría que llevarlo al Consejo de Gobierno. Los contratos menores sumaron 1.225 millones de euros en el año 2021.

Y en mayo de 2024, la Intervención de Huelva emite un nuevo informe en el que indica que aún no se han implantado las medidas necesarias, una vez recibida las alegaciones del SAS en esa provincia. "De lo expuesto anteriormente -se escribe en el informe- no podemos concluir que se hayan implantado las recomendaciones de esta Intervención Provincial ya que, junto a un claro incumplimiento de una de las medidas a adoptar, en las dos restantes las medidas adoptadas están en proceso de implantación puesto que, ciertamente, los plazos de la contratación pública pueden alargarse más de lo deseado".

La Intervención de Huelva, sin embargo, no cree conveniente emitir un nuevo informe de actuación que sea llevado al Consejo de Gobierno, aunque apunta que debería hacerse más adelante si no se adoptan correcciones.