Los colectivos andaluces de personas con discapacidad piden más recursos a las administraciones

Los representantes del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi Andalucía) han presentado este miércoles un programa de movilizaciones que desarrollarán a partir de noviembre por toda Andalucía para poner fin a la "grave situación" que padecen sus entidades, centros y servicios por "la falta de una financiación justa, lo que pone en riesgo su supervivencia".

Las entidades que atienden al más de medio millón de personas con discapacidad en Andalucía protagonizarán concentraciones de protesta en las puertas de sus sedes y en sus centros, además de impulsar una gran protesta provincial en lugares emblemáticos del centro urbano de las ocho capitales de la comunidad.

Desde el mundo de la discapacidad de Andalucía se reclama un nuevo modelo para "una financiación más justa" de los servicios y atención esenciales que estas entidades ofrecen a las personas con discapacidad con el objetivo de garantizar su prestación y "adecuarla además a sus costes reales, gastos que tienen que soportar las entidades", según informa Europa Press.

La presidenta de Cermi Andalucía, Marta Castillo, ha puesto de relieve la "situación de asfixia que atraviesan las entidades" con el actual modelo y avisa de que los servicios que prestan actualmente están en riesgo por "la imposibilidad de asumir los gastos que acarrean, ya que las tarifas están desfasadas y no cubren el gasto real". Para afrontar este problema, Cermi Andalucía ha solicitado la revisión al alza del coste por plaza y la creación de un sistema automático de actualización de precios de los servicios.

El movimiento de la discapacidad andaluza ha presentado un manifiesto en el que se plasman sus reivindicaciones y en el que subraya que es fundamental realizar un estudio del coste real del sostenimiento de los centros y los servicios para asegurar su sostenimiento a largo plazo y no depender, como hasta ahora, de las mejoras puntuales basadas únicamente en disponibilidad y criterios presupuestarios, sino en un análisis previo y riguroso del coste real de los servicios.

Para ello proponen un nuevo modelo de financiación que contemple la actualización automática y permanente del coste conforme al IPC, además de tener en cuenta el incremento de los convenios colectivos de los profesionales que trabajan en los centros y servicios de las entidades.

Cermi Andalucía asegura que son las entidades las que atienden a este colectivo, cuando se trata de un servicio que compete a la Administración y que, sin embargo, "no realiza y a la vez no les concede una financiación adecuada para ello, lo que está llevando a las entidades y a sus centros a una situación límite e insostenible".

Reivindicación de un pacto de Estado

Las reivindicaciones de la discapacidad van dirigidas a la Junta de Andalucía y al Gobierno Nacional. Al Ejecutivo de Pedro Sánchez le exigen que elabore y apruebe un Pacto de Estado para la viabilidad del sistema y asegurar que todas las personas tengan los mismos derechos en los distintos territorios. Por ello hay que incrementar la financiación del nivel mínimo de protección, que es abonado íntegramente por la Administración general del Estado en función del número de personas en situación de dependencia que se encuentren recibiendo una prestación efectiva. De ese modo se podría alcanzar progresivamente el 50% de financiación de cada administración.

Cermi Andalucía le pide al Gobierno andaluz un nuevo modelo de financiación que financie los servicios públicos, un modelo que permita cubrir no solo los costes de funcionamiento, sino también los necesarios para ofrecer una atención de calidad, innovadora y ajustada a las necesidades de cada persona.