Andalucía acogió 1.004 niños migrantes hasta agosto, un 64% más en un año

La crisis migratoria que está sufriendo Canarias no es ajena a Andalucía. No sólo por la solidaridad que el Gobierno andaluz ha expresado para acoger a los niños migrantes que le corresponda, sino también porque esta comunidad sigue siendo una de las principales puertas de entrada a Europa. Y los datos oficiales son suficientemente clarificadores. 

En lo que llevamos de año (entre el 1 de enero y el 31 de agosto), los servicios sociales andaluces han acogido a 1.004 niños migrantes desamparados, lo que supone un 64% más que el año anterior, exactamente 391 menores más que en el mismo período del año pasado. En esta estadística se incluye a los menores que han entrado por la costa, vía pateras rodeados de adultos en la mayoría de los casos, pero también escondidos en los bajos de los camiones en las carreteras o en los contenedores que llegan hasta los puertos andaluces; los identificados como menores por la Fiscalía y también los que la Junta se ha comprometido a acoger tras los acuerdos en la Conferencia Sectorial de Migraciones, precisamente para aliviar la alta tensión de zonas muy sensibles como Canarias, Ceuta o Melilla.

No reconocidos por el Estado

Entre estos niños acogidos y tutelados por la administración andaluza se incluyen los 515 menores que han llegado hasta Andalucía con apariencia de adultos en traslados supervisados por el Gobierno central, unos menores que están reconocidos por el sistema social andaluz pero para cuyo sostén no reciben fondos las arcas andaluzas ya que el Gobierno no los reconoce como menores de edad y, por lo tanto, vulnerables y necesitados de asistencia.

Una de las claves de la situación de Andalucía en la crisis migratoria es que los niños solos no dejan de llegar. No hay más que analizar las últimas horas. Porque este martes desembarcaron en Carboneras (Almería) tres menores en una patera en la que también viajaban otros dieciséis magrebíes, en total 14 varones, dos mujeres y tres menores que viabajan en una embarcación en condiciones muy precarias.

Y ayer miércoles eran cinco los menores de nacionalidad marroquí que fueron interceptados por la Guardia Civil tras arribar en la costa de Chiclana, en Cádiz, a bordo de una narcolancha en la que viajaban también otros cuatro adultos. En este caso fueron detenidos y puestos a disposición judicial puesto que viajaban en una lancha neumática con tres motores, de las utilizadas habitualmente por los narcotraficantes y que están prohibidas en España.

Pendientes de Ceuta

Los responsables del sistema de acogida de menores en Andalucía estaban preparando la llegada de ocho niños procedentes de Ceuta y que se incluyen en el cupo de los 30 menores que la Junta se comprometió a acoger tras la Conferencia sectorial de Migración que se celebró el pasado mes de julio en Tenerife y que pactó el reparto de 400 niños que están en los sistemas saturados de las Islas Canarias.

De estos treinta niños, doce ya están acogidos en Andalucía y los responsables autonómicos esperan trasladar en las próximas horas a otros ocho niños que están hacinados y a la espera en Ceuta. Hay que recordar que Andalucía tiene un convenio con esta ciudad autónoma para el traslado de los menores migrantes de forma que sea más sencillo el trámite legal. Porque, según la legislación vigente, los menores desamparados pasan a la tutela de la administración autonómica.

El Estado, por su parte, se encarga de financiar sus sostén y por ello este martes el Consejo de Ministros aprobó una subvención de 35 millones de euros destinada al cuidado de estos 400 menores. A Andalucía van a llegar 1,6 millones de euros para este fin. 

Debate político

La delicada situación de estos menores está, además, contaminada por el debate político también en Andalucía. Los partidos de la oposición censuran la posición del Gobierno andaluz, algunos porque entienden que es racista, como dice la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, y otros por todo lo contrario. 

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, advertía de que el “buenismo hipócrita” del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en relación con la “inmigración ilegal” y su “peligroso efecto llamada” conducirá a “la gran mayoría de inmigrantes ilegales que están llegando a nuestra tierra a vivir en la marginalidad y abocados a la delincuencia”.

Sin embargo, Inma Nieto, de Por Andalucía, lo entiende de otra manera: “Esto es racismo institucional puro y duro y Andalucía tiene recursos sobrados para hacer una atención conveniente de los menores”.  En su opinión, que la Junta busque confrontar con el Gobierno central sobre este asunto es una “tremenda irresponsabilidad”.