El plan andaluz de Caza entrará en vigor en el plazo de un año
La anterior normativa concluyó en 2017, sin que se haya renovado hasta ahora
El nuevo Plan andaluz de Caza entrará en vigor en el plazo de un año. Así lo anunció la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, en la reunión que mantuvo con el presidente de la Federación Andaluza de Caza (FAC), José María Mancheño, para abordar cuestiones relacionadas con la situación del sector cinegético en Andalucía y en la que participaron la directora general del Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, Araceli Cabello.
Entre las cuestiones más destacadas de esta reunión se encuentra el inicio de la tramitación del decreto por el que se aprobará el Plan Andaluz de Caza, que, entre otras cuestiones, permitirá dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados en el protocolo de colaboración firmado con la Federación Andaluza de Caza en abril de 2019 y al convencimiento de la Junta de Andalucía de la importancia que tiene el sector en la comunidad.
La consejera anunció que el plan podría entrar en vigor en el plazo de un año, una vez que concluyan todos los trámites, destacando al respecto la importancia de contar con una norma de este tipo, pues “el anterior plan concluyó en 2017 y ha sido el nuevo Gobierno andaluz el que ha dado los pasos para que se pueda contar con un nuevo decreto”.
También recordó que su departamento ha venido elaborando desde 2019 un diagnóstico de la situación, aspecto importante para la elaboración del decreto.
Al mismo tiempo, Carmen Crespo ha señalado que “el Plan tendrá una vigencia de diez años y contará con importantes novedades al apostar por una caza de calidad sostenible y por contemplar importantes aspectos de sanidad animal”, aspecto este último que parte del concepto “one health”: estrategia mundial para aumentar la comunicación y la colaboración interdisciplinar en el cuidado de la salud de las personas, los animales y el medio ambiente, entendiendo que todas están ligadas entre sí.
El nuevo decreto supondrá, dijo Crespo, “una herramienta eficaz y novedosa para una gestión moderna de la caza en Andalucía, así como un marco estratégico esencial sobre el que deberá desarrollarse la actividad cinegética en los próximos años”. De esta forma, se avanza en una “ordenación de la actividad para asegurar una caza social, ética, sostenible y responsable”.
Batería de acciones
El plan recoge 180 acciones generales y cuenta con las aportaciones del sector, que ha participado en esta primera fase con algunas ideas generales y que tendrá oportunidad de nuevo de aportar sus posibles alegaciones cuando se encuentre en trámite de información pública.
Además, la consejera ha recordado la capacidad del nuevo decreto para la gestión de determinadas cuestiones como la internacionalización de la caza, las acciones formativas que permitan un mejor conocimiento del sector cinegético por parte de la sociedad o el relevo generacional ante la constatación de un envejecimiento de los cazadores, que lleva a adoptar decisiones que permitan incorporar a jóvenes y mujeres en este sector.
Impacto económico
Respecto de la caza desde el punto de vista económico, la actividad cinegética repercute de manera positiva en la actividad económica, es un eje básico vertebrador del mundo rural andaluz, genera empleo y permite fijar la población al territorio”, remató la consejera.
En el transcurso de la reunión, la Federación de Caza y la Junta de Andalucía coincidieron en señalar la importancia de distintas resoluciones por parte de la Administración como la de la caza del jabalí, el conejo, la resolución anual de caza o la relativa a la sarna de la cabra montés.
Igualmente se puso en valor la reciente actualización de la normativa que regula la cetrería en Andalucía y se trataron otras cuestiones como los efectos de la pandemia en la actividad cinegética o la cuestión de los predadores, tema sobre el que se prepara la orden que los regule.
La comunidad autónoma andaluza cuenta con más de 250.000 cazadores y más de 7.500 cotos de caza. El peso económico y social del sector moviliza 3.500 millones de euros y genera más de 45.000 empleos, de los que unos 12.000 son directos.
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